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LA NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DEL NEOLIBERALISMO
Al hablar del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) y la Delegación Gubernamental, enmarcándolo dentro del proceso de
pretender "pacificar Centroamérica y ahora Chiapas", podemos comprenderlo
mejor al hacer referencia con las negociaciones de paz en Nicaragua entre el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Contra Nicaragüense;
entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el
Gobierno de El Salvador; y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG) y el Gobierno de Guatemala. Estas negociaciones tienen en común un
formato y diseño que aterriza según las condiciones de cada país. Por las
consecuencias que ha traído el proceso de negociación, es evidente que
este diseño es dirigido por el Fondo Monetario Internacional y por los
grandes intereses internacionales, principalmente por el gobierno de los
Estados Unidos.
La firma del FSLN y la Contra en Nicaragua, se diseñó de tal forma que
pudiera tocar el punto central que desarticulara al régimen Sandinista, y
se llegó a un proceso electoral en el que el FSLN perdió el poder y trajo
como consecuencia el arribo de la Unión Nacional Opositora (UNO), que ha
estado impulsando un programa de gobierno que favorece a las empresas
extranjeras y permitir cada vez más la privatización de paraestatales, el
deterioro de las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, el incremento
de la delincuencia tanto por excombatientes guerrilleros como de la
excontra, el incremento del flujo de mano de obra indocumentada a Estados
Unidos, etc. Este proceso de negociación logró su objetivo: el derrumbe
del sistema de gobierno Sandinista y la toma del poder por la UNO.
El proceso de negociaciones entre el FMLN y el gobierno de El Salvador se da
dentro de este marco en donde el FMLN le apostó y confió que,
desarticulando la parte política de la estructura que durante muchos años
le permitió a la Democracia Cristiana y la oligarquía salvadoreña su
permanencia en el poder, como consecuencia lógica se podía desarticular la
parte económica y social y lograr así una reestructuración total del
país. Sin embargo, esto no fue así. Los Acuerdos de Paz alcanzados no
lograron desarticular al régimen, aunque lograron avances significativos,
entre otros: la compra de tierra rural y urbana; la desarticulación de los
escuadrones de la muerte y bandas paramilitares; la reducción del Ejército
y la constitución de la Policía Nacional Civil, con la integración de un
20% de excombatientes del FMLN, 20% del Ejército y 60% de la Sociedad
Civil. Pero no todos los acuerdos han sido cumplidos cabalmente. Ante el
lento y paulatino cumplimiento de ellos, existe un proceso acelerado de
privatización y se repiten las mismas consecuencias negativas contra el
pueblo como en Nicaragua. En El Salvador, la oligarquía continúa en el
poder, pero ahora de manera reestructurada y reorganizada a través de la
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Los recientes Acuerdos de Paz firmados entre la URNG y el gobierno de
Guatemala, no se diferencia mucho de los de El Salvador. Es cierto también
que se lograron acuerdos importantes, pero la parte política del régimen
no se toca, solo la parte que corresponde a la justicia que hasta eso son
bastantes ambiguos y tampoco garantiza la participación de la mujer en las
decisiones del país, entre otras lagunas. Si bien es cierto que hay
acuerdos alcanzados como la reducción del ejército a un 33%, la
desarticulación de las Patrullas de Autodefensa Civil (aunque hasta la
fecha prevalecen en la zona del Ixcán y el Quiché), tampoco se modifica en
su totalidad la estructura del régimen ni se garantizan los cumplimientos
de dichos acuerdos.
Si comparamos los recientes procesos de negociación en Centroamérica con
la del EZLN y el Gobierno mexicano, vemos que el punto central de las
negociaciones, el de la DEMOCRACIA, se minimiza lo más posible. Mientras,
para el gobierno mexicano la democracia solo se juega en el aspecto
electoral, con el peligro de legitimar al gobierno en su poder y al actual
partido de estado. ?Y que la sociedad civil no cuenta?
Este esquema de la participación política solo por la vía puramente
electoral que siguen muchos dirigentes políticos, choca con la propuesta
política del EZLN de ejercer el poder desde la sociedad civil,
independientemente del partido en turno, de "mandar obedeciendo", desde
ejercer el poder no desde la toma del aparato de estado sino desde la fuerza
de la sociedad civil organizada, democrática y propositiva.
Para las comunidades indígenas, que tienen vocación democrática, sin
necesidad de partidos políticos y sin reducir todo al nombramiento de las
autoridades, existe la necesidad de tomarlos en cuenta desde los espacios de
discusión más pequeños a los más grandes en el diseño, planificación,
ejecución, verificación y evaluación de su propio destino en el aspecto
económico, político y social. Sin embargo, paralelamente a este proceso de
negociación y desde antes incluso, el proyecto neoliberal en el país ha
venido avanzando, porque la privatización de las paraestatales, las
contrareformas que se han impuesto a la Constitución Mexicana, solo las
lleva acabo el gobierno y los 24 empresarios más grandes del país que,
perdida la capacidad de hegemonía y consenso en la población, intentan
hacerlo por la coerción y militarización del país. Ello nos confirma que
en este proceso de negociación no toca a fondo las necesidades y el clamor
de los mexicanos: "la transición a la democracia".
La ventaja que pueda tener el EZLN es no cometer los errores de los países
Centroamericanos, de no firmar los acuerdos en paquete global, sino más
bien, mientras no se cumplan y se verifiquen los acuerdos de "Derechos y
Cultura Indígena", avanzar a los demás puntos de la negociación, porque
de papeles y promesas, mucho ha dado el actual régimen durante más de 65
años. Por lo tanto, el avance de las negociaciones en Chiapas depende mucho
de la voluntad del gobierno en hechos concretos.
LA ESTRATEGIA DEL DIALOGO
Tal como están diseñados los puntos de la agenda de negociación,
pareciera indicar que tendía al estancamiento. La Mesa 1 sobre "Derechos y
Cultura Indígena" indicó que el diseño en las tres fases de negociación
apuntarían siempre a presionar y a debilitar al EZLN. Esto quiere decir que
en la Primera Fase, en la explicación del diagnóstico del problema
indígena, el gobierno reconoció la marginación y pobreza de las
comunidades, pero no presentó alternativas nuevas, más bien propuso
elementos que en la actualidad ya se realizan, por lo que no mostró
voluntad de cambio. Los avances que se lograron fueron mínimos y sirvieron
más como justificación de una campaña propagandística en todos los
medios de difusión, sobre todo en el sentido de que se estaban ejecutando
los acuerdos de San Andrés, cuando solo han sido las "migajas que
siempre ha otorgado el gobierno mediante el Programa Nacional de Solidaridad
(PRONASOL). Pero, ?qué pasó con la entrega de las radios indígenas a los
pueblos indios, el respeto a las formas y costumbres tradicionales de
nombrar a sus autoridades, entre otras? La respuesta del gobierno ha sido la
imposición de alcaldes municipales por medio de la policía y guardias
blancas, como en los municipios de Venustiano Carranza, Sabanilla, El Bosque
y San Andrés y apoyando los intereses caciquiles, políticos y económicos
de las regiones, por mencionar algunos ejemplos.
Aunado a esto, unos dias antes y después de cada fase de negociación, el
Ejército Federal se introduce a las comunidades indígenas con el pretexto
del narcotráfico, labor social, abastecimiento, relevos, etc. Su verdadera
intención es detectar los medios y mecanismos de comunicación entre las
comunidades indígenas zapatistas y movilizar su tropa, entre otros
objetivos. Además, su intervención se acrecienta en la medida en que se
acerca la Tercera Fase donde se firman los acuerdos, con la finalidad de que
el EZLN llegue débil a las negociaciones y acepte las proposiciones del
gobierno. Mientras, durante los momentos de la negociación, los "guardias
blancas y "paramilitares son los que intervienen desalojando,
asesinando, reprimiendo a campesinos de las distintas organizaciones
sociales con el fin de presionar a la mesa de negociaciones. Así, la Ley de
Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas, es violada
tanto por el gobierno del Estado como Federal.
Al llegar a la Segunda Fase de la Mesa 2, "Democracia y Justicia", el
gobierno solo se concretó a presentar los acuerdos de la reforma política
llevada a cabo en el Congreso Federal con los Partidos Políticos, por lo
que le interesaba lograr esta negociación con ellos para usarlo como techo
de las negociaciones con el EZLN; acuerdos sin discusión, mucho menos
propuestas de la sociedad en su conjunto por lo que no representan los
intereses de los diversos sectores del pueblo.
Aquí se trabó la negociación por la naturaleza del tema, ya que las
profundas reformas políticas que requiere el país para una transición a
la democracia, el gobierno no estuvo dispuesto a cederlas.
Los otros dos temas de negociación ("Bienestar y Desarrollo" y "Mujer
Indígena en Chiapas), son más fáciles de resolver, porque otorgan la
posibilidad al gobierno de llevar a cabo un guerra de contrainsurgencia, si
no se logra una buena negociación por parte del EZLN y sus asesores.
La situación se había venido agravando. La actitud del gobierno ante la
delegación zapatista siempre ha sido la del chantaje, de ejecutar órdenes
de aprehensión (más de 2 mil 700) si no hay firma de acuerdos por la
supuesta violación de la Ley. El discurso del gobierno es enmarcar todo
dentro de la Ley sin mostrar voluntad de una verdadera solución política
al conflicto armado.
LOS ATAQUES A LA CONAI
Con el proceso de las negociaciones, el gobierno tenía la impresión que
todo estaba reducido a su verdadera dimensión: el EZLN arrinconado en la
Selva, militarmente sin posibilidades y, además, amarradas las manos al
aceptar la Ley de Concordia y Pacificación propuesta por el gobierno. La
Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) que preside el Obispo de San
Cristóbal, Samuel Ruiz García, ya no tendría el papel protagónico,
porque presumiblemente estaba desplazada por la Comisión de Concordia y
Pacificación (COCOPA), formada por Diputados y Legisladores del Congreso
Federal; y las organizaciones campesinas e indígenas divididas y débiles,
etc.
Sin embargo, la preocupación del gobierno era y siempre ha sido la
Diócesis de San Cristóbal, que para este momento la considera más
peligrosa que el EZLN, principalmente en la zona norte del Estado, donde
empezaron a operar con más fuerza los grupos paramilitares, lanzando
amenazas de muerte contra los sacerdotes de Simojovel y Tila. También hubo
un intento de violación a la una religiosa en Oxchuc; la expulsión de los
3 sacerdotes y la amenaza de expulsar a más sacerdotes extranjeros y
religiosas de la Diócesis. En la medida que se golpea a la Diócesis,
también se golpea a la CONAI y, directamente, a Don Samuel Ruiz y a la
sociedad civil en la medida en que representa la mediación nacional de un
conflicto con las mismas dimensiones.
LAS NEGOCIACIONES Y LA APARICIÓN DEL EPR
Independientemente de la aparición del Ejército Popular Revolucionario
(EPR), primero en Guerrero, y después en otros estados de la república, la
mesa de negociaciones de San Andrés ya estaba en crisis y de todas maneras
tenía que estancarse. La actitud del gobierno lo hacía evidente.
Al aparecer el EPR, el gobierno empezó a lanzar calificativos sobre el EZLN
como la "guerrilla buena", y el de "guerrilla mala" contra el EPR,
pretendiendo provocar el deslinde del EZLN y su confrontación con el EPR,
lo que no sucedió. Además, argumentaba que no podía sentarse a negociar
con "terroristas. Sin embargo, ha tomado una actitud ofensiva contra el
EZLN sosteniendo que no son los únicos interlocutores ni representan a la
sociedad civil mexicana, por lo tanto le favorece y refuerza sus argumentos
de que las negociaciones son solo chiapanecas quedando excluida la
negociación y el diálogo nacionales.
Ante esto, el EZLN lanza una propuesta al gobierno para reanudar el diálogo
bajo las siguientes demandas: 1) la instalación de la Comisión de
Verificación y Seguimiento de los acuerdos; 2) cumplimiento de los acuerdos
de la Mesa 1; 3) la desaparición de los guardias blancas en la zona norte o
su reconocimiento y uniformarlos por parte del gobierno; 4) liberación de
los presuntos zapatistas presos en el Distrito Federal y en Yanga, Veracruz
y; 5) el trato con respeto a la delegación zapatista por parte de la
delegación gubernamental, de lo contrario no regresa a las negociaciones.
La CONAI ha lanzado iniciativas a la sociedad civil mexicana y al gobierno
federal para establecer un diálogo nacional, incluyendo al EZLN y al EPR.
Ante esto, la respuesta oficial ha sido la amenaza de desconocimiento de la
CONAI como mediación, ya que está tomando atributos que no le corresponden.
Mientras que la creciente militarización del país poco a poco va agravando
la situación nacional, las violaciones a los derechos humanos contra
campesinos e indígenas, principalmente contra la organizaciones del Frente
Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional
(FAC-MLN), cada vez aumentan más por parte de las fuerzas policiacas y
militares. Este incremento se da después del 1 de septiembre, cuando en su
informe presidencial, Ernesto Zedillo ordenó aplicar toda la fuerza del
Estado contra los "terroristas.
En la actual situación, ya no basta con cambiar el formato, las reglas de
procedimiento y las actitudes de ambas partes en la mesa de negociaciones en
San Andrés. Es necesario un diálogo nacional, no solo con las
organizaciones armadas que hasta ahora han aparecido, si no con los
distintos actores de la sociedad mexicana y los partidos políticos; que
exista congruencia entre la mesa de negociaciones y la situación militar,
es decir, a mayor avance de las negociaciones, mayor desmilitarización y
menos accionar de los grupos paramilitares; es necesario abrir mayores
espacios de negociación y destrabar la lógica de que, a mayor "avance" en
las negociaciones, mayor aumento del conflicto, como lo fue en el caso de El
Salvador.
LA AGENDA SOCIAL
Desde la interrupción de las negociaciones en mayo del presente año, en el
contexto de la sentencia contra Javier Elorriaga y Sebastián Etzín, el
EZLN aprovechó desde entonces la ocasión para demandar cambios en el
diálogo: 1) exigió un diálogo nacional con la participación de la
sociedad civil siempre y cuando ella lo demandara. Tardaron semanas para que
así lo solicitaran en un documento donde la CONAI de adhiere; 2) cambio en
el formato de las negociaciones que el gobierno niega modificar
substancialmente; 3) diálogo con los tres poderes de la Unión, que
también el gobierno niega aceptar y; 4) cambio de la representación de la
delegación gubernamental que el presidente Zedillo sigue ratificando.
Alrededor de estas demandas, la sociedad civil se ha desbordado por
adherirse a ellas. La agenda de la sociedad civil se centra ahora sobre
estas demandas y el mes de octubre se presente un escenario favorable, pero
no menos difícil. Del 8 al 12 de octubre, en la ciudad de México se
llevará a cabo el Congreso Nacional Indígena al cual la comandancia del
EZLN desea asistir pase lo que pase, haciendo un llamado a la sociedad civil
para colaborar en su protección; en las mismas fechas se llevará a cabo,
pero en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la asamblea del FAC-MLN
que en las últimas semanas han sido acosados y encarcelados varios de sus
miembros en diversos estados de la República; el 2 de octubre se conmemora
la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en 1968; el 12 de octubre se
conmemora el día de la raza, fechas donde se registra en todo el país
diversas movilizaciones que, con el contexto actual, podrían desencadenar
más reacciones de las esperadas. Por otro lado, la Unión Nacional
Lombardista (UNAL), cuyo dirigente, diputado perredista y evangélico
Chamula, fue expulsado de su partido y después desaforado por el congreso
local, anuncia la movilización en los primeros días del mes en muchas
cabeceras municipales del estado donde se encuentran fuertes conflictos con
los grupos paramilitares y de tipo poselectoral.
Todos estos acontecimientos se están dando en el contexto nacional sobre la
fuerte discusión de la venta de las petroquímicas en el país; la
aclaración y posible comparecencia de Carlos Salinas de Gortari por su
supuesta complicidad en la muerte de Colosio, quien fuera candidato del PRI
a la presidencia; del fraude escandaloso en la venta de TELMEX; los fraudes
de CONASUPO donde se involucra a la familia del expresidente; el incremento
de la militarización en el país y la venta de armamento y equipo bélico
del gobierno estadounidense a México así como su asesoría e injerencia en
la guerra contra el narcotráfico y la aparición del EPR.
Durante el mes de octubre, la agenda política es del EZLN. El EPR, en
diversos comunicados dados a conocer por la prensa nacional, afirman que no
llevarán acciones militares hasta después de las elecciones para
gobernador del estado de Guerrero (6 de octubre). Este paréntesis de sus
acciones permitirán que sea el EZLN el que defina su situación ante el
diálogo y la presión por parte de la sociedad civil para abrir nuevos
cauces a una salida política al conflicto.
Por su parte, el gobierno no pierde su tiempo. La división entre las
organizaciones y su debilitamiento sigue avanzando. El ala "oficial sigue
apareciendo: XíNich-Oficial, Aric-Oficial, Ongs-oficial,
Magisterio-Oficial (charro), OPEZ-Oficial, grupos paramilitares-oficiales,
partidos-oficiales (PRD y PDCH), etc.
CHIAPAS EN CIFRAS
- Total de población derecho-habiente del sector salud: 554 357. - Total de
población usuaria del servicio del sector salud: 2 699 351 (55.8%) - Total
de médicos del sector salud: 2 834 (1 médico por cada 1 132.85 personas).
- Total de unidades médicas (consulta externa y hospitalización) del
sector salud: 858 - Total de población derecho-habiente de la Secretaría
de la Defensa nacional -SDÑ (1994): 31 640 - Total de población usuaria
del servicio de salud de la SDN (1994): 21 820 - Total de médicos de la SDN
(1994): 317 - Total de unidades médicas de la SDN (1994): 12 - 10
municipios con mayor población derecho-habiente del sector salud: Tuxtla,
Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Huixtla, Tonalá, Venustiano Carranza,
Villa Las Flores, Arriaga y Palenque. - 10 municipios con menor población
derecho-habiente del sector salud: Metapa, El Porvenir, Chapultenango,
Larráinzar, Ocotepec, Tapalapa, Amatenango del Valle, Chamula, Sabanilla y
Soyaló. - 10 municipios con el mayor número de personal médico del sector
salud: Tuxtla, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tonalá.
Ocosingo, Villaflores, Huixtla, Palenque y Pichucalco. - Municipios con el
un personal médico del sector salud: Amatán, Bejucal de Ocampo, Coapilla,
Chanal, Chapultenango, Chiapilla, La Grandeza, Ixtacomitán, Larráinzar,
Mazatán, Nicolás Ruiz, Osumacinta, Pantepec, Rayón, Sitalá, Sunuapa y
San Lucas.
Area de Información y Análisis de la Coordinación de Organismos No
Gubernamentales por la Paz
(CONPAZ)
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