CHIAPAS EN EL HORIZONTE DE 1997

Mexpaz: Boletín  43#111 Chiapas-esp
 
Gustavo Castro Soto
Centro de Información y Análisis de Chiapas (CIACH)
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, febrero de 1997


Chiapas comienza el año en medio de grandes 
incertidumbres y retos. Las organizaciones 
campesinas e indígenas se encuentran ahora 
muy debilitadas. Las alianzas formadas a raíz 
del conflicto que surgió en enero de 1994 se 
han colapsado, dividido o han perdido el horizonte
que las aglutinaba. El gobierno, al fin, logró 
su cometido al dividir y debilitar al movimiento 
campesino por medio de la represión, las prebendas 
y promesas alrededor de la dotación de tierras 
con el finiquito agrario firmado por algunas 
organizaciones durante 1996, lo que provocó 
la fractura entre éstas y la agudización de 
las contradicciones. Perdido el horizonte y
empantanados en los remolinos demagógicos y 
burocráticos de las ofertas gubernamentales 
para proyectos productivos y de otro tipo, las
organizaciones campesinas vuelven sus 
contradicciones secundarias en principales.

La presencia de Dante Delgado en Chiapas 
durante 1995 hizo que se perdiera la unidad 
entre las organizaciones. Ya desde principios 
de 1996 se veían perderse nuevamente un 
escenario y espacio político de las
organizaciones que sirviera como interlocutor 
y bandera de las necesidades campesinas ante 
el gobierno.

Sin embargo, nuevos ejes de lucha y de 
aglutinación de fuerzas se vislumbran para 
1997 en un nuevo repunte de un movimiento 
que aún no ha muerto. A partir de enero, tres 
grandes ejes favorecen con más claridad la
construcción de una nueva fuerza que rebase 
la contradicciones secundarias y fortalezca 
un nuevo escenario político de alianzas y lucha 
hacia una nueva agenda social.

Primero: la represión, la violencia, la 
impunidad y la sistemática violación a los 
derechos humanos ha tocado a todas las organizaciones
campesinas y urbanas, incluyendo a las 
Organizaciones no Gubernamentales.

Esta situación va creciendo paulatinamente 
tensionando así el ambiente social.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) confirmó que, durante 1996,
la Procuraduría de Justicia del Estado 
recibió el 90% de las recomendaciones emitidas, 
de las cuales la mayoría son por aprehensiones o
detenciones arbitrarias, dilación en la 
procuración de justicia, abuso de autoridades 
judiciales, irregularidades penitenciarias y 
denegación de justicia. 

Durante ese año, la CEDH recibió un total 
de mil 424 quejas contra violaciones a los 
derechos humanos de las cuales 992 acusan a 
funcionarios y al personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; 108 recomendaciones 
(50% más en relación a 1995) de las cuales se 
destacan las enviadas al procurador general de 
justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar, y 
al Secretario de Gobierno, Eraclio Zepeda. De todas 
las recomendaciones, 97 fueron parcialmente 
cumplidas, 6 cumplidas totalmente y 5 no 
aceptadas (3 de la PGJE y 2 por el Presidente 
Municipal de San Cristóbal de Las Casas). 

Durante 1996, la Procuraduría General de la 
República (PGR) llevó a cabo más de mil 
procesados por delitos federales en Chiapas 
quienes fueron sentenciados; 748 reos y 7 
indígenas sentenciados por delitos federales. 
Hasta la fecha persiste una situación crítica
que viven las comunidades campesinas en el 
norte de la entidad que han llevado a situaciones 
límites e intolerantes. Los Chinchulines primero 
y ahora el grupo paramilitar Paz y Justicia no 
dejan de provocar enfrentamientos, desplazados, 
muertes, terror y amenazas que incluso han 
impedido la presencia de la prensa nacional y
extranjera para dar a conocer los hechos, así 
como de organismos de derechos humanos, ayuda 
humanitaria y solidaridad de otros países. El
control militar se ha apoderado de la zona norte 
y, Seguridad Pública, presidentes municipales 
en manos de priístas, grupos paramilitares, tienen
el control de la región.  Por ello, las instituciones 
públicas se encuentran débiles. Aquí, 
en Chiapas, militares, grupos paramilitares e
intereses caciquiles, son quienes gobiernan. 
Más de 40 homicidios, secuestros, violaciones, 
3 menores de edad asesinados, 4 mil familias
desplazadas que, aunado a la carencia de 
alimentos y medicinas, es el saldo que ha 
provocado Paz y Justicia.  Hacia otros municipios 
aledaños a la zona Ch'ol, este esquema va avanzando.

El 4 de febrero de 1997, en la comunidad de Aguas 
Blancas, municipio de Palenque, un grupo de 
priístas balearon a pobladores simpatizantes del
EZLN. Nuevamente se crea otro foco de expansión 
de las actividades paramilitares y con el saldo 
de más desplazados en la zona.

La ingobernabilidad de las instituciones públicas 
en Chiapas no solo atañe a la llamada zona de 
conflicto o zona norte. En la costa y sierra, frontera
con Guatemala, las autoridades no pueden garantizar 
la seguridad de la población.

La guerra de baja intensidad, la represión, 
los asesinatos, el maridaje de los poderes caciquiles, 
de diputados priístas en apoyo a los paramilitares
y los mismos militares, vuelven al Estado en un 
sinfín de vejaciones y violaciones a los derechos 
humanos que, la militarización, los desplazados
y campesinos hambreados de la zona norte se vuelven 
un panorama común en Chiapas. La población se va 
acostumbrando a esto mientras que paulatinamente va 
creciendo la polarización y tensión sociales.

Segundo. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
empeñada en cobrar a sus deudores, ha lanzado desde 
1996 campañas de corte de la energía eléctrica a 
más de 60 municipios donde hay población en resistencia 
civil que se niega a pagar las tarifas.

A partir de enero de 1997, la CFE agudiza su campaña 
llegando a cortar la luz por las noches a más de 20 
municipios tan sólo de la zona sierra y costa. Sin 
embargo, esto ha llegado a la zona de Los Altos, 
incluyendo a la ciudad de San Cristóbal de las Casas; 
a la zona norte, etc., dejando a miles de usuarios sin 
el servicio. En los municipios de El Bosque,
Simojovel, Huitiupan y Playas de Catazaja, más de 
70 mil pobladores han sido afectados por la suspensión 
del servicio por parte de la CFE. Por su lado, la misma 
CFE dio  a conocer que durante el mes de enero se 
efectuaron 33 mil cortes de unos 20 municipios y que 
al menos el 30% de los usuarios de toda la región no 
han pagado el consumo. 

La población campesina y urbana demandan una tarifa 
preferencial ya que la entidad aporta un porcentaje 
significativo de la energía eléctrica al 
país. Muchos enfrentamientos y hasta linchamientos 
por parte de la población ha sido el saldo del 
personal de la CFE al querer cortar el suministro 
de energía en las localidades. Los programas 
gubernamentales como la llamada "una luz amiga"
han sido rechazados por las poblaciones
del Estado. Incluso presidencias municipales 
han tenido que pagar el costo de su resistencia civil.

En las organizaciones y en la población en general 
se va perfilando un eje aglutinador de lucha 
campesina y urbana a favor de la resistencia civil.
Grandes marchas y movilizaciones en torno a esta 
lucha se están dando.

Tercero. El diálogo interrumpido entre el EZLN 
y el gobierno federal ha provocado tensión 
principalmente en las zonas rurales donde los retenes,
vuelos rasantes, patrullajes de grandes convoys 
militares hacen su presencia.

Aunque tarde, la sociedad civil ha empezado a 
reaccionar en torno a ejercer presión sobre el 
Poder Ejecutivo Federal con el fin de que acepte la
propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación 
(COCOPA) para incluir los Acuerdos de San Andrés 
a rango constitucional. Tarde también, se
empezó a entender en qué consistía la propuesta, 
el por qué de la negativa del Ejecutivo como del 
mismo EZLN.

De manera desarticulada, como desarticulado está 
el movimiento campesino y urbano, se han comenzado 
a gestar convocatorias para movilizar las conciencias
y presionar. Al parecer, podría tener éxito esta 
articulación.

Con represión, sin luz y sin acuerdos, el clima 
social y político se complica. Sin embargo, estos 
tres ejes se vislumbran como la agenda
política de los grupos que pudieran generar un 
nuevo actor en la entidad.

Las organizaciones y frentes tienen que tomar 
en cuenta la experiencia de los años recientes para 
no volver a caer en los mismos vicios y errores que
han evitado el impulso de una fuerza política con 
la unidad de alianzas estratégicas sin resentimientos 
y cobros de facturas internas. 

Esta tensión se verá plasmada, durante 1997, 
entre las organizaciones que sobreviven a la 
Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco 
(AEDPCH), el Frente Zapatista de Liberación 
Nacional (FZLN), el Frente Amplio para la
Construcción de Movimiento de Liberación 
Nacional (FAC-MLN), entre otras organizaciones 
y coaliciones de antaño que sugieren líneas 
o tendencias alrededor de las cuales se forman 
otro tipo de alianzas.

El reto que tendrá el movimiento social en 
Chiapas será, entre otras, la necesidad de 
enlazar y articular sus demandas locales a 
las estatales y éstas a las nacionales. De 
igual modo, la articulación a escenarios
nacionales que le permitan hacer alianzas 
encaminadas a la realización de una agenda 
nacional, así como desterrar los vicios y
bloqueos que lanzaron al abismo otros intentos 
articuladores, como la Convención Nacional
Democrática (CND), entre otros. Sin embargo, 
los caminos tendrán que ser anchos. Todos 
deben caber o se caerá en el peligro de 
teñir las propuestas sólo bajo el lente del 
proceso zapatista lo que llevaría a mayores
fricciones y divisiones entre las organizaciones 
campesinas en la región ?Cómo hacer para 
encontrar los procesos, las fuerzas y las 
tendencias? Sin embargo, a nivel nacional, el 
proceso de construcción de la democracia
se verá atravesada por la agenda 
político-electoral, que le dará una alta
prioridad al rumbo de la nación por el 
posible reacomodo de las fuerzas y la nueva 
correlación que presente esta coyuntura. 
Lamentablemente, la agenda político-electoral 
en Chiapas se encontrará con el tradicional
abstencionismo. 

Los partidos políticos no marcan el consenso 
ni la hegemonía al seno de las organizaciones. 
La federación irrumpe con todo su aparato al 
igual que el ejército. Las condiciones adecuadas 
socio-políticas no están dadas en el territorio 
chiapaneco. La militarización, los miles de 
desplazados internos, los retenes, la falta de 
credencialización, la paramilitarización, etcétera, 
mantienen un esquema débil para la contienda electoral.  
Pese a todo, el papel que ha jugado Alianza Cívica
como contrapeso social y político ante el gobierno 
y la sociedad en la observación electoral, ha sido 
muy valioso. Abandonar este escenario será dejar en 
manos empresariales el peso civil de la opinión 
pública sobre la calificación de los comicios en 
apego a la legalidad y transparencia de los procesos
electorales.

Aunado a lo anterior, el conflicto de la 
remunicipalización de Ocosingo y la creación de 
otro más entrará en la agenda política del gobierno 
y, en medio de esta lucha, narcotraficantes, ganaderos, 
PEMEX, la autonomía de los pueblos indígenas y 
otros intereses entrarán en la contienda y disputa
territorial.

De cualquier modo, pase lo que pase en el terreno 
federal electoral, las repercusiones serán de trascendencia. 
Cambiará la integración de la COCOPA; el esperado cambio 
en la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión 
tendría una voz diferente para Chiapas. 

En medio de esto, nuevos grupos guerrilleros surgen 
en la zona. El EZLN ve la presencia de supuestos grupos 
del Ejército Popular Revolucionario (EPR) incluso en 
regiones de su supuesta influencia. En la Sierra y 
Costa dos grupos guerrilleros más, hacen su aparición 
por medio de propaganda y algunos asaltos.

Hoy, el ambiente en Chiapas es parecido a momento 
previo a la ofensiva gubernamental de febrero de 1995. 
Promesas gubernamentales, apologías de buena voluntad 
para el diálogo, campañas publicitarias, insistencia 
en que la salida política es la más viable, impasse 
en el diálogo, tensa la militarización y calladamente 
aumentando en número y posiciones, distracciones con 
otras noticias nacionales, acciones aparentemente aisladas
como amenazas y secuestros, quemas de casas y oficinas 
de organismos defensores de derechos humanos, etc. 

Pero también hay sus diferencias; tantos municipios 
en rebeldía y resistencia al pago de la luz como 
comunidades sin ese servicio; una zona norte más 
polarizada y a punto de desbordar la resistencia de 
sus comunidades afectadas y extendiéndose hacia la 
zona de Palenque; una alerta roja del EZLN ahora no 
publicitada que mantiene en una tensión sin precedentes 
a las comunidades en la zona de conflicto; un Cuerpo Unico
de Asesores Zapatistas (CUAZ) disuelto por el EZLN; más 
campesinos armados en la Fraylesca; miles de maiceros 
movilizados; otros grupos guerrilleros en las zonas 
Sierra y Costa y; un momento sumamente débil para las
organizaciones campesinas, urbanas y Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG>s) que se encuentran 
desarticuladas.

En otras palabras, mayor aumento de la lógica 
militar sobre la debilidad del orden y fortaleza de 
la sociedad civil con ingobernabilidad de las
instituciones públicas.
?Será posible que el gobierno siga manteniendo 
una solución militar al conflicto en Chiapas?, 
?cómo cambiaría una solución militar el escenario
electoral federal y para las elecciones del Distrito
 Federal?, ?a quién le convendría?, ?será la 
iniciativa de ley del Ejecutivo o de la COCOPA la
que se presente en el Congreso de la Unión?, 
?en cuál Congreso de la Unión, de antes o después 
de julio de 1997? Estas y otras preguntas se mantienen 
el en aire. 

Mientras tanto, el gobierno de Ruiz Ferro tendrá 
que consolidar su gabinete para garantizar la 
línea federal por lo que cambios de funcionarios se
podrán prever en al transcurso de 1997.

Los refugiados guatemaltecos, que se calculan en 
más de 18 mil en el estado en aproximadamente 120 
campamentos, representan otro punto problemático.

Además de estos, no debemos olvidar por lo menos 
a otros 10 mil dispersos en la zona del Soconusco. 
La firma de la paz en el vecino país da ahora
otro enfoque al tratamiento que tanto el gobierno 
federal como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidos para los Refugiados (ACNUR) pretenden dar
a los refugiados de cara a la eliminación de 
estatus del refugiado para el año 2000.

Muchas tensiones y presiones están viviendo los 
refugiados guatemaltecos por parte de los campesinos 
que hace más de una década les ofrecieron toda
la solidaridad posible. La disputa por la tierra 
y los recursos, además de estar muchos de los 
campamentos en municipios de la llamada zona de
conflicto,, agudizan la situación. No hay duda 
de que, como en Campeche y Quintana Roo, los 
refugiados retornados vuelvan nuevamente a México en
calidad de ilegales como lo está sucediendo actualmente.
La firma de la paz en Guatemala no soluciona de manera 
inmediata las necesidades básicas de miles de 
refugiados y desplazados.

La situación de miseria y pobreza de Guatemala como 
de otros países centroamericanos, no eliminará la 
creciente migración de ilegales por Chiapas. De 
preocupación especial son los acuerdos que el 
gobierno federal ha hecho con el gobierno de los 
Estados Unidos con el fin de combatir la
migración ilegal hacia el norte.

El narcotráfico, las invasiones y desalojos de 
tierras, los expulsados del municipio de Chamula, 
la creciente deforestación de las reservas ecológicas 
y de las biósferas, etc., son otros aspectos difíciles 
que vive la región que dan un panorama poco halagador. 
Sin embargo, la población mayoritariamente campesina 
e indígena en Chiapas ha demostrado que puede resistir, 
vivir, proponer y forjar su propio destino.



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